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CE regaña al MinDefensa
A partir de la fecha TNN@ seguirá registrando en las noticias que se originen en Semfarépol, como ciudad de la Crimea rusa, luego que Ucrania empezó a desmantelar su presencia en esa área desmembrada por el Kremlin y anexada por la Duma o parlamento de Moscú, que abrumadoramente la incluyó en el país geográficamente más grande del planeta.
Es una realidad en las noticias que no se pueden ignorar luego del zarpazo de Vladimir Putin para fortalecer el puerto naval de Sevastopol en el Mar Negro que le da salida al Mediterráneo.
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«Депутаты рассмотрели три документа, закрепляющие за Крымом статус «оккупированной территории». diario online Komsomolskaya Pradva V Ukraine de Kiev

La Rada o parlamento de Ucrania aprobó el proyecto que declara la República autónoma de Crimea y la ciudad de Savastopol “territorio ocupado temporalmente”.

Por su parte los Estados Unidos y la Unión Europea siguen imponiendo duras sanciones contra Rusia que afecta a los hombres y bancos cercanos al agresor y expansionista Vladimir Putin, y a la Crimea rusa.

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“Me he quitado un edificio de encima”, exclamó la divorciada senadora Karime Mota y Morad de 45 años de edad al terminar su carrera política en el legislativo que heredó su exesposo, Eduardo Enrique Pulgar Daza de 43 años, que con el aval del partido oficialista ‘U’, elegido senador con 83 mil 530 votos.

“El que me preguntaba lo invitaba que votara por él, inclusive, le di mi voto”, dijo Karime a esta página de información política pura, quien ahora se le ve feliz, se le quitaron los moretones en el rostro según parece producto de una alergia y otras tristezas que reflejaba en su mirada.

Mota y Morad dice estar enamorada pero de sus hijos uno de ellos acaba de cumplir 18 años pero no alcanzó a estrenar el voto con su padre Eduardo Enrique.
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Arrancó la carrera entre los congresistas reelegidos y ‘nuevones’ por las oficinas, comisiones y camionetas del Capitolio Nacional, que seguramente le va a causar más de un dolor de cabeza a los secretarios generales Gregorio Eljach Pacheco y Jorge Humberto Mantilla Serrano, de Senado y Cámara de Representantes.

El reportero político TNN@ ‘notario’ durante más de 30 años de cómo se ‘guerrean’ las oficinas, la integración de las comisiones más disputadas –I, III, IV- y los vehículos en mejor estado, cree que la historia se repetirá antes y después del 20 de julio próximo.
Los que se ‘fundieron’ el 9 de marzo trataran de heredarle la oficina a sus copartidarios, paisanos o amigos elegidos.
La elección en la comisión es otro cuento porque serán los jefes de las bancadas que con el aval del partido decidirán quiénes deben ir a las respectivas células legislativas.
Pero el nerviosismo en quienes vienen ostentando la curul en las comisiones más ‘rapadas’, temen que los saquen.
El martes TNN@ observó cómo el veterano de veteranos senador Roberto Gerlein Cheverría, que coronó 50 años seguidos en el parlamento (1968-2018) hacía cuentas de los 7 votos que necesita para que no lo saquen de la comisión de asuntos constitucionales. Necesita 6 pero como se dice coloquialmente ‘perro viejo ladra echado’, sabe que para no pedalear, busca uno más.
El reportero de esta página digital recuerda que en 2006 cuando el país celebraba la reelección de la ‘trituradora’ uribista que barrió en todas las comisiones, al prominente senador Víctor Renán Barco Vargas lo pusieron con un pie fuera de la eterna célula de temas económicos a la que siempre perteneció, inclusive, como secretario antes de ser elegido congresista en la primera mitad de los años 60.
Era tal el ‘agarrón’ entre las bancadas pero al mismo tiempo la admiración por el viejo amigo Renán, que en su momento el también veterano senador conservador Omar Yepes Alzate, honró su palabra de renunciar a la III e irse para otra comisión, con la promesa que eligieran Barco.

El grado de ‘belicosidad’ por la comisión fue tan alto, que intervino el presidente re-electo Álvaro Uribe Vélez (elegido senador 2014-2018 que recibirá oficina ultra especial por seguridad) para pedir mantener en la célula económica a Víctor Renán.
Pero cobró: lo sonsacó del liberalismo y se lo llevó para la bancada gobiernista. Barco no duro mucho en esa bancada porque no se amañó, contó él mismo a TNN@ y regresó a su original casa roja, donde pagó un precio por transfuguismo político. Fue sancionado simbólicamente.
Todo lo anterior se va a repetir en 2014.
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La gran beneficiada con el regreso a sesiones de los parlamentarios en el último tramo del Congreso de la República 2010-2014, es Cecilia, que el martes no se cambiaba por nadie al verlos nuevamente por los corredores externos del edificio legislativo para besarles la mano y de paso recibir el billetico de 10 mil, 20 mil o 50 mil pesos como en la foto con la reelegida representante a la Cámara por la Alianza Verde, Angela María Robledo Gómez de 59 años.

No la ve mal económicamente a Cecilia los martes, miércoles y, a veces los jueves, para “reunir lo de la pieza y la alimentación”, dice la menuda mujer a la que senadores, representantes a la Cámara, ministros, periodistas, funcionarios, policías, aprecian y algún efectivo, obsequian.
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El jueves el Consejo de Estado informó a TNN@ que la Sección Tercera señaló que las decisiones judiciales que resultan adversas a las instituciones que integran la Fuerza Pública NO son golpes de la jurisdicción a las autoridades castrenses, pues los verdaderos golpes los dan esas mismas instituciones cuando sus miembros son negligentes en la planeación y ejecución de las operaciones militares y ponen en peligro innecesario la vida de los soldados que están dispuestos a entregar su vida por el bien general de la población.
El pronunciamiento lo hizo el Alto Tribunal en la segunda condena al Ejército por la muerte de 35 soldados y 3 suboficiales durante la toma guerrillera a la base militar de Gutiérrez (Cundinamarca) en julio de 1999, en la cual ordenó pagar cerca de 400 millones de pesos por los perjuicios morales sufridos por la familia de una de las víctimas, un sargento segundo del Ejército.
La Sección, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourt, afirmó que el daño no se produce con la condena económica a la institución por la muerte del sargento, “sino la muerte de este colombiano, y de quienes murieron con él, en condiciones que pudieron ser evitadas por el Ejército Nacional”.
Por tal razón, se ordenó la remisión de una copia de la providencia al Presidente de la República, como máximo comandante de las Fuerzas Armadas y a la Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, “para que estas consideraciones sobre la forma en la que la entidad demandada se opuso a las pretensiones del líbelo, sean tomadas en cuenta y eventualmente sean incorporadas a las políticas públicas que se estén formulando e implementando en materia de defensa judicial, especialmente en aquellos casos relativos a graves violaciones de derechos humanos”.
La Sala encontró demostrada la responsabilidad del Ejército debido a que la posibilidad de un ataque guerrillero a estos dos pelotones era conocida por los altos mandos militares, pero no se hizo nada para evitar ese peligro o minimizarlo; no se les proveyó el material de guerra necesario para brindarles igualdad en el combate, lo que incluía armamento y equipos de comunicación; y no se coordinó un plan eficaz para garantizar apoyo efectivo, pese a sus reiteradas solicitudes, pues recibieron órdenes de esperar refuerzos, lo que facilitó la emboscada.
“Resulta relevante anotar que las declaraciones de algunos de los soldados son bastante dicientes sobre el estado del armamento con el que contaban los militares, pues indican que la metralleta M-60 utilizada por el pelotón, aunque funcionó bien al momento del combate, increíblemente se encontraba remendada con cinta, por lo que no permitieron una resistencia efectiva al ataque”, señala el fallo.
Finaliza la sentencia señalando que “lo inaudito son las conductas omisivas que desplegaron varios oficiales del Ejército Nacional que contribuyeron al desastre táctico en el que murieron 38 militares que confiaban en la diligencia de sus superiores y en la idoneidad de sus decisiones para superar la difícil situación que pesaba sobre sus vidas”.

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El pasado 9 de marzo los colombianos que participaron con su voto en la jornada electoral de Congreso y Parlamento Andino, recibieron el certificado electoral que le otorga beneficios al votante como medio día de descanso remunerado, descuentos en matrículas de universidades públicas, en el trámite del pasaporte y la libreta militar, y en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, entre otros.

Los ciudadanos que fueron designados para ser jurados de votación el 9 de marzo, tienen plazo hasta el 9 de mayo para solicitar ante su empleador su día compensatorio remunerado por haber prestado su servicio.

“tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación”, dice la Ley 403 de 1997.

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