¡Feliz Navidad!
‘salvar’ la curul puede costar hasta $300 millones.
El jueves próximo se cierra la inscripción de los candidatos de las diferentes bancadas políticas para integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral que antes de Navidad el Senado y la Cámara de Representantes en pleno en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, elegirá o ¿reeligirá?
He ahí el dilema que tienen los 266 legisladores aptos para depositar su voto por nueve nombres que legalmente tienen asiento en el organismo electoral, luego que el Consejo de Estado revocara al que está de salida por haber sido integrado ilegalmente y que varios sino es que todos de sus actuales magistrados desfilan por las oficinas de sus electores en busca de la reelección.
El nerviosismo parlamentario está en que reelegir a uno o a la totalidad de los actuales magistrados electorales, podría desencadenar una cascada de demandas ante el Consejo de Estado para pérdida de investidura por prevaricato porque estarían re-re-religiendo.
Esa es una interpretación.
La otra, y que enreda aún más la toma de una decisión por parte de senadores y Representantes, es que como el CE anuló la anterior elección pues los magistrados electorales actuales estarían frente a una primera reelección. Y podrían demandar a los congresistas si les niegan esa aspiración.
De todas formas cualquiera de las dos teorías jurídicas, tiene a más de un legislador cavilando porque salir a defender su curul ante el Consejo de Estado -como diría mi amigo el bien recordado senador Víctor Renán Barco, “un abogado de pipiripao no baja la tarifa de cincuenta millones de pesos”, y si el profesional del derecho es de estrato seis “carajo”, son trescientos. Ninguna de las dos cifras asegura que la vaya a ganar sino lleva otras arandelas.
“Esos manes (los magistrados del Consejo Electoral) una vez salen elegidos después no sirven para nada y hasta hay que solicitarles audiencia porque se vuelven más importantes que quien les dio el voto”, se quejó un Representante a la Cámara en diálogo con TNN@.
Otro, pero senador, recordó que se acaban de salvar ante el mismo CE nueve de la bancada de la ‘U’ por haber votado el traslado de uno de sus militantes de una comisión a otra y eso fue calificado de prevaricato porque la Ley permite por una sola vez en un mismo periodo el cambio y el partido en su momento uribista, ya había agotado ese mecanismo.
Sumados todos pudieron haber pagado no menos de 800 millones de pesos en profesionales del Derecho por el solo momento de representarlos porque la mayoría de las veces quien declara ante el consejero de Estado que interroga es el demandado pues al abogado defensor, ni siquiera lo dejan hablar.
Varios legisladores manifestaron a esta página digital estar asustados no tanto por el billete sino la pérdida de la credencial y la inhabilidad de por vida para ejercer cargos de elección popular por unos magistrados que después, en la ‘desgracia’ electoral, les darían la espalda.
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Juan Carlos Martínez R. periodista TNN@
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