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En el proceso de desgaste del gobierno al entrar en la recta final del cuatrienio 2010-2014, los fusible que protegen al Presidente de la República –léase los ministros- comienzan a ser ‘bombardeados’ desde el Congreso de la República inclusive por miembros de la misma bancada oficialista.
Que el ministro de Minas, Federico Rengifo, es un fiasco; que las botas de la de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, no le calzan; que la canciller María Angela Holguín, se ahogó en el Mar Caribe, y así otros ministros son cuestionados y hasta ‘removidos’ de sus cargos por congresistas que buscan protagonismo mediático y ‘ubicarlos’ en otras carteras.
Eso es lo que acaba de suceder con la titular de Justicia, Ruth Stella Correa a la que ‘hicieron’ renunciar la semana pasad y en su reemplazo colocaron a Interior, Fernando Carrillo, y en esa cartera, puesto Aurelio Iragorri Valencia.
Pura carreta. Al menos eso fue lo que TNN@ confirmó el fin de semana en las altas esferas del gobierno.
A estas alturas del partido con unos ministros que le ‘juraron’ lealtad al gobernante Juan Manuel Santos de acompañarlo hasta el 7 de agosto de 2014 renunciando a aspiraciones políticas legislativas, es por decir lo menos razonable que se mantengan en los cargos con ajustes sobre el camino para superar falencias en la gestión.
Sería una exabrupto político imperdonable colocar al hijo del partido de gobierno en precisamente la cartera que debe entenderse con los ‘tigres’ congresistas. Se lo comen vivo. Junior no tiene el temple de ministro. Es el amigo alumno de Santos pero nada más.
Carrillo en el entender de los propios parlamentarios lo ha hecho bien en defensa del gobierno en Senado y Cámara y enfrentado sin miedo al opositor tuitero expresidente Álvaro Uribe.
En cuestiones políticas se hacen mandados y quien lanzó el bombardeo contra la ministra de Justicia Correa, debe estar haciendo un favor ¿a quién? se preguntaron la semana pasada en el Capitolio Nacional expertos en política electoral-judicial consultadas por esta página electrónica.
TNN@
El Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 4444 del 2006, expedido por el Presidente de la República de Colombia, que reglamentó la prestación de algunos servicios de salud sexual y reproductiva.
La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, explicó que el Gobierno Nacional, al expedir dicha norma, trató de reglamentar la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos específicos, sin haber una ley de por medio.
A juicio del Alto Tribunal, el Gobierno solo puede ejercer la facultad reglamentaria que le otorga el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, cuando exista una ley previa que reglamentar.
El fallo no estudió el fondo del contenido del Decreto, es decir, no abordó temas como la objeción de conciencia ni la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pues estimó innecesario hacerlo debido a que la simple expedición de la norma fue ilegal.
Sin embargo, aclaró que esta decisión no significa que el Gobierno o el Consejo Nacional de Seguridad Social no puedan posteriormente dictar medidas, reglamentar o definir las políticas de salud en relación con dichos temas, siempre y cuando se acaten los parámetros establecidos en materia de reglamentación legal.
Esta norma estaba suspendida provisionalmente desde el 2009, por decisión del Consejo de Estado.
Según el Decreto, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada, las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, las entidades responsables de los regímenes de excepción y los prestadores del servicio de salud de todo el territorio nacional debían tener disponibles los servicios de IVE para todas las mujeres, independientemente de su capacidad de pago y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud e impedía imponer barreras administrativas para postergar la prestación de dichos servicios.
TNN@
Como una “actitud poco ética e inmoral” residir en Bogotá y cobrar una prima de localización y vivienda, calificó el exrepresentante a la Cámara y exviceministro de gobierno, Víctor G. Ricardo, que legisladores hayan cobrado ese reconocimiento aprobado en 1991 por la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución Política de Colombia.
“Querido Juan Carlos. Sería muy importante que se publicara qué parlamentarios de la circunscripción de Bogotá y Cundinamarca estaban cobrando el auxilio de vivienda, pues para nadie es difícil entender que ese subsidio había sido establecido para los parlamentarios que tienen que mantener dos casas por ser y vivir en ciudades distintas a la Capital del país donde tiene sede el Congreso de Colombia y por tanto haber cobrado auxilio de vivienda a sabiendas que vivían en Bogotá, es por lo menos una actitud poco ética e inmoral. Con un cordial saludo. VGR Enviado desde mi iPhone”
El viernes el Consejo de Estado informó a TNN@ que el emolumento para el hospedaje de los legisladores, solo se debe aplicar a quienes residen en ciudades o municipios diferentes en donde está localizado el Capitolio Nacional, centro de Bogotá.
TNN@
Un llamado al sector bancario del país para que promueva la utilización de los recursos que destinó el Gobierno Nacional este año para el subsidio a la tasa de interés, hizo el Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, durante la instalación de la Asamblea Anual de Afiliados de la Lonja de Bogotá, que se realizó en la capital de la República.
“Para el 2013 tenemos 541 mil millones de pesos disponibles para subsidiarles, hasta en un 30%, la cuota del crédito hipotecario a las familias que quieran adquirir vivienda nueva de interés social o prioritario. Pero necesitamos que ustedes nos ayuden a promocionar este programa y a promover la utilización de este importante instrumento”, dijo Vargas Lleras.
Juan Carlos Martínez R. Periodista TNN@
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